La Rioja ha cobrado 3 millones por el 'tasazo' de Gallardón anulado en julio por el Constitucional

Básicamente, el fallo del Constitucional considera que las tasas, aprobadas en el 2012 y de las que Rafael Catalá eximió en febrero del 2015 a las personas físicas, no así a las empresas, «vulneran el derecho a la tutela efectiva» y las cuantías fijadas resultan «desproporcionadas», tanto las cantidades fijas, como las cuotas variables que se aplicaban en función de la cantidad demandada en el litigio. En definitiva, la sentencia arremete contra dos aspectos, por un lado señala que el objetivo de la financiación mixta de la justicia «no puede traer consigo el sacrificio de un derecho fundamental» y, por otro, la cuantía «excesiva» de las tasas «no atiende a la realidad económica de una mayoría significativa de sus destinatarios».

Una de cal y otra de arena

No obstante, el tribunal da una de cal y otra de arena porque aunque anula las tasas, advierte de que su decisión afectará a los nuevos procedimientos o a aquellos en los que no haya resolución firme. Es decir, el Estado, recaudador de las tasas, no deberá devolver el dinero pagado hasta ahora en virtud del decreto anulado en julio.

Hasta una nueva regulación que sustituya a la tumbada por el Constitucional y que, en palabras del ministro de Justicia en funciones Rafael Catalá, será «más equilibrada», las personas jurídicas se regularán por el decreto del 2003, introducido por el Gobierno de José María Aznar, que sólo obliga a pagar un canon a las grandes empresas y exime, por tanto, a las pymes.

¿Qué cantidad ha ingresado el Estado por las tasas cobradas en La Rioja? De acuerdo con el informe 'La Justicia dato a dato' del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) los riojanos han pagado desde el 2013 hasta el 2015 más de 3 millones de euros por acudir a la justicia. Una cantidad a la que habría que sumar lo abonado por las personas jurídicas este 2016 hasta su anulación, el pasado julio.

La medida adoptada por el exministro de Justicia tuvo un fuerte impacto en las arcas del Estado que en el conjunto del país recaudaron 600 millones de euros. En La Rioja, en el 2012, el año previo a la puesta en marcha de las nuevas tasas judiciales, se ingresaron 68.000 euros por este canon, un año después, lo recaudado superó los 1,3 millones de euros, es decir, en un año se multiplicó por veinte.

En el 2014, el dinero cobrado ascendió a 1,1 millones de euros y en el 2015 -en febrero de ese año Rafael Catalá 'libró' a las personas físicas de pagar el gravamen, pero lo mantuvo para las personas jurídicas y las pymes- la recaudación se había reducido a la mitad (571.000 euros).

Caen los recursos

Las tasas judiciales, que concitaron el rechazo de todos los operadores judiciales, abogados, procuradores, jueces, amén de sindicatos y asociaciones de consumidores, tenían desde sus orígenes un efecto disuasorio. Se pretendía aligerar la carga de una justicia colapsada. El caso es que en esta comunidad, con los datos de los asuntos ingresados en las diferentes jurisdicciones durante los años del bautizado como 'tasazo', el efecto disuasorio no fue tal. El número de ingresos apenas varió. Si en el 2013 entraron 38.720; un año después, 37.161; en el 2014, 37.448; y 39.142 en el 2015.

Por jurisdicciones apenas hay variaciones. Sólo en la Social se apreció una ligera caída de asuntos, de los 3.318 que se contabilizaron en el 2012 a los 2.987 del 2015.

La radiografía cambia de forma radical cuando lo que se analizan son los recursos planteados ante la Justicia riojana. Así, en la Sala de lo Social del TSJR, en el 2013, el primer año de implantación de las tasas judiciales, ingresaron 248 asuntos, el 40,6% menos. En la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con 357 casos, cayeron el 23,5%. Un descenso que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Ignacio Espinosa, achacó entonces, durante la presentación de la memoria de aquel año, a la «complejidad, los constantes cambios en la legislación, sobre todo en lo contencioso», pero, especialmente, «a lo elevado de las tasas judiciales».

«La llegada de asuntos en primera instancia sigue siendo ingente, pero ha caído muchísimo la segunda instancia», afirmó. En la Audiencia Provincial, en Civil, ingresaron el 36% asuntos menos, «nuevamente por las tasas», aseguró.