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Ocho de cada diez condenados en La Rioja llegan a un acuerdo con la Fiscalía para reducir su condena

Ocho de cada diez condenados en La Rioja llegan a un acuerdo con la Fiscalía para reducir su condena

En el 47% de las sentencias dictadas por los juzgados de lo Penal y la Audiencia Provincial el acusado reconoció su culpa

Luis J. Ruiz

Domingo, 31 de agosto 2014, 23:39

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Cuando José Manuel Anova se sentó en el banquillo de los acusados para ser juzgado por el conocido crimen de Galilea -la muerta, acuchillada, de la que era su inquilina- ya sabía que el asesinato le costaría trece años de prisión y no el cuarto de siglo que, inicialmente, solicitaba para el la Fiscalía, o los 29 que pedía la acusación particular. Con el ADN en su contra, su mejor opción fue la de reconocer los hechos, negociar con el Ministerio Público y la acusación particular y, a cambio de ese reconocimiento, lograr una reducción de casi el cincuenta por ciento de la pena a que se enfrentaba. «Puede parecer insuficiente», dijo la letrada de la familia de la fallecida, «pero si los familiares de la víctima lo han aceptado no hay nada que objetar».

El caso del crimen de Galilea, lejos de ser una excepción, forma parte del día a día de los juzgados españoles, en los que casi cuatro de cada diez sentencias cuentan con el visto bueno de las partes y con el correspondiente reconocimiento de hechos del acusado. 'Más vale un mal acuerdo que un buen pleito', dicen muchos abogados. Esa máxima la confirman -en lo que a volumen, no en lo relativo a la calidad del pacto- las estadísticas. En La Rioja, durante el año 2012 -últimos datos publicados por la Fiscalía General del Estado- 322 de las 685 sentencias con el membrete de los juzgados de lo Penal de la región respondieron a ese patrón. Eso implica que en el 47 por ciento de los casos se evitó la celebración de juicio. Atendiendo solamente a los fallos que acabaron con una condena del procesado, el 82 por ciento fueron por conformidad, es decir, que ocho de cada diez condenados no se enfrentaron al juicio.

También en la Audiencia Provincial son habituales los pactos previos entre las partes. En el 2012 se completaron 43 acuerdos en las 78 sentencias dictadas (el 55%; el 91% de las condenas fueron por conformidad). Según esas cifras, el del 2012 fue el año en el que más acuerdos se produjeron en La Rioja.

La ley no fija qué beneficios se aplicarán al acusado que reconozca su delito en los juzgados de lo Penal o en la Audiencia. Sí cuando el acuerdo llega en los de Instrucción: «Se impondrá la pena solicitada reducida en un tercio». Durante el 2012 los juzgados de Instrucción emitieron 867 sentencias de conformidad.

El antes y el después de las conformidades fue el año 2009. La Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía suscribieron un protocolo de actuación para «reducir el colapso que muchos juzgados y tribunales vienen padeciendo» y en su memoria explica que algunos juzgados de lo Penal «han puesto en marcha sistemas mediante los que se convoca a una primera comparecencia previa al juicio exclusivamente a los efectos de sondear la posibilidad de alcanzar una conformidad para agotar las posibilidades de lograr conformidades antes de convocar a juicio con citación de testigos y peritos». Es el caso de los juzgados de Logroño, en los que un día al mes se programan citas de conformidad cada 20 minutos: si hay, se anuncia la sentencia; si no, se cita para la vista oral.

En principio, cualquier delito es susceptible de ser resuelto con una sentencia de conformidad, si bien en ciertos casos, por el volumen de años de prisión que depara una condena, es más complicado de alcanzar. También hay requisitos. El fundamental, el reconocimiento de los hechos por parte del procesado y, en caso de que exista una acusación particular que represente a la víctima del delito, también la suya. Cuando el afectado por el delito no se presenta como parte en el proceso, la Fiscalía considera que un hipotético acuerdo de conformidad también «facilita la satisfacción de los intereses morales y materiales de la víctima». Además, en todo caso, el acuerdo exige que el condenado abone la responsabilidad civil que se fije en la sentencia, por lo que, si bien la pena final para el culpable será menor, el afectado se asegura el cobro de la indemnización.

José María Cid, letrado y Decano del Colegio de Abogados de La Rioja, explica que todo depende del riesgo que el cliente quiera asumir. «Si se ofrece una pena que no implica ingreso en prisión, el cliente suele aceptar por lo que pueda pasar en el juicio». En cualquier caso, y como abogado, recuerda que «siempre implica una condena» y apunta que, en su caso particular, «muchos de los juicios en los que no he llegado a acuerdo el delito se ha acabado transformando en falta». «Socialmente hay ciertas conformidades que llaman la atención, pero es una posibilidad prevista por el legislador y el abogado busca lo mejor para su cliente. Todo dependerá de cómo vaya tu cliente...», remata.

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