Secciones
Servicios
Destacamos
ERNESTO PASCUAL
Sábado, 7 de mayo 2016, 00:53
Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.
Compartir
A partir de la instrucción de la Fiscalía delegada para Medio Ambiente de Madrid, la petición de información de la Fiscalía de La Rioja cursada al Ayuntamiento de Arnedo la pasada semana se centra en 38 actuaciones urbanísticas desde el año 2007 que, una vez abiertas, siguen pendientes de la instrucción de expediente sancionador alguno.
Así lo explicó ayer el alcalde de Arnedo, Javier García, a preguntas de la prensa. «Los expedientes por esas 38 actuaciones urbanísticas se abrieron de oficio por parte del órgano vigilante, el Ayuntamiento, pero no concluyeron en expediente sancionador, por lo que están inconclusos, de modo que unos estarán prescritos en la parte de la sanción, otros no lo estarán...», relató el primer edil, reservando en todo momento la información de los casos afectados. «La Fiscalía pide información al Ayuntamiento para ver por qué en su momento no se incoó expediente sancionador».
Sin entrar a valorar ni por qué ahora surge esta petición de información ni tampoco si hay un trasfondo político, García llama a los vecinos a la tranquilidad y la calma. Para ello, recuerda que la Fiscalía no puede sancionar a particulares, competencia que tiene asignada el Ayuntamiento. En su caso, la labor de la Fiscalía se ciñe a la investigación del procedimiento político o administrativo o, si así lo considerara, derivar la investigación a un juzgado de instrucción.
La petición de la Fiscalía llegó la pasada semana al Ayuntamiento vía oficio, a través de dos agentes del Seprona. Eso sí, el primer edil no pudo detallar ayer si la petición de información era genérica o si buscaba específicamente los casos de las 38 actuaciones urbanísticas cuyos expedientes no concluyeron.
Ante la realidad de la existencia de cientos de 'casillas' irregulares en el término municipal de Arnedo, el Ayuntamiento incorporó años atrás la figura de la vigilante de obras, que es la que abre el expediente. A partir de ahí, el Consistorio requiere al afectado que detenga la construcción. De no aceptarlo, «la decisión de incoar un expediente es política, mediante providencia de Alcaldía», describió ayer García.
Partiendo de que la sanción prescribe a los cuatro años pero que la restitución de la legalidad -que conllevaría el derribo- nunca lo hace tras la aprobación en 1988 del Plan Especial de Protección-Pepman, el alcalde explicó que «este equipo de Gobierno no ha encontrado expedientes en proceso de sanción».
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Horarios e itinerarios de la Semana Santa de Cádiz 2024
La Voz de Cádiz
La hora que separó a una madre y su hijo de morir juntos en Palencia
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.